Proyecto de ley propone eliminar la ATU para devolver el control a Lima y Callao
La iniciativa propuesta por Renovación Popular busca devolver el control a las municipalidades de Lima y Callao, argumentando fallas de fiscalización en la entidad de transporte.
En el año 2018 se creó la ATU para ser el único árbitro del transporte en Lima y Callao: una sola entidad, dependiente del Gobierno central, que tiene el control total de la vía pública. Su trabajo diario es organizar las rutas, poner las reglas del juego, sancionar a la informalidad y buscar que los buses, las combis, los corredores, el Metropolitano y el Metro funcionen como un solo sistema integrado para los millones de pasajeros que viajamos todos los días.
Sin embargo, el pasado 23 de septiembre la diputada Norma Yarrow de Renovación Popular, presentó un Proyecto de Ley que busca eliminar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y devolver a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao las competencias sobre el transporte urbano en sus respectivas jurisdicciones.
La exposición de motivos sostiene que la gestión del transporte público debe ser restituida a los gobiernos locales, fundamentando que su cercanía territorial e institucional con la ciudadanía les otorga un diagnóstico más preciso de las demandas comunitarias, permitiendo implementar soluciones operativas adaptadas a la realidad de cada jurisdicción.
¿Por qué plantean eliminar la ATU?
Como evidencia de la problemática indica que la ATU envió a depósitos más de 16 mil vehículos por prestar servicio no autorizado desde 2021. Asimismo, incluye alertas emitidas por la Contraloría en 2025 relativas a fallas de mantenimiento, conservación, señalización y seguridad en la infraestructura del Metropolitano.
En el ámbito económico, se detalla que el Presupuesto Institucional Modificado de la institución fue de S/ 1.041 millones en 2023, elevándose a S/ 1.209 millones en 2024 y manteniéndose en S/ 1.209 millones en 2025. Sobre esa base, la propuesta concluye que restituir las competencias a las municipalidades facilita articular el transporte con el tránsito, la vialidad y la planificación urbana local.
El documento cuestiona además los resultados obtenidos por la ATU desde su creación y señala que, pese a los recursos que administra, persisten problemas vinculados con la informalidad, infraestructura, siniestralidad e integración del transporte.
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